Mientras el Ministerio de Seguridad invierte con gran agilidad cientos de millones de colones cavando trincheras, construyendo helipuertos equipados con defensas antiaéreas, en fin, militarizando la frontera norte ante un sobredimensionado conflicto cuyo frente debería seguir siendo el diplomático, la seguridad pública, las condiciones de los policías, la falta de disponibilidad de patrullas por razones tan ridículas como la falta de pago del marchamo y el deplorable estado de las delegaciones policiales de las comunidades siguen siendo tan malas como siempre. Se ha escogido combatir a un enemigo intangible con el que probablemente nunca se verán las caras –seamos francos, la probabilidad de una invasión a la Escuela de policía en Murciélago es bastante remota- en lugar de usar los pocos recursos que tenemos en necesidades inmediatas y urgentes para la ciudadanía. Desde la perspectiva de este simple ciudadano, las prioridades del gobierno en seguridad pública están mal.
¡Que no me vengan con el discurso de la unidad nacional! en donde al parecer al gobierno se le ha de otorgar una especie de inmunidad ante la crítica y todos debamos aplaudir y asentir toda acción ciegamente sin cuestionar. Yo apoyo completamente las gestiones diplomáticas que se están realizando para resolver el conflicto por la vía civilizada amparados en los instrumentos del derecho internacional, pero protesto por la relevancia que la parte militar del asunto está tomando, tanto de parte de las autoridades como de la ciudadanía, que parece haber renegado demasiado fácil y demasiado rápido de nuestra herencia antimilitarista.
Deseo ilustrar este extravío de las prioridades en materia de seguridad, con un ejemplo concreto: la aplicación de la “nueva” ley de tránsito. Con el inicio del año 2011, fuimos testigos de intensos operativos para castigar a quienes infringieran la restricción vehicular. También para aquellos conductores que utilizaran el recién inaugurado carril de uso exclusivo para autobuses sobre la autopista General Cañas, con motivo de los trabajos en el puente sobre el río Virilla. Y mientras todo el peso de la ley cae sobre los infractores de las partes más inofensivas de esta, los piques siguen realizándose impunemente, arriesgando la vida de conductores, transeúntes y vecinos.
Esto sucede por la libre desde hace meses en la carretera entre Paraíso y Cartago, en el sector del estadio. En el 911 los vecinos hemos hecho cientos de denuncias con nula respuesta por parte de las autoridades (de tránsito y fuerza pública), al punto de que los operadores nos han recomendado que hagamos gestiones personales ante el director de tránsito. La disculpa que da la dirección regional, como es de esperar, es la falta de recursos: para dar cobertura a toda la ciudad de Cartago, con miles de habitantes y cientos de kilómetros de rutas, solo hay disponible una unidad, y temen, con toda razón, enfrentarse en esta situación de desventaja a grandes y violentos grupos de “picones” que muchas veces acompañan sus carreras armados y bajo los efectos del alcohol. Estoy seguro que la misma situación se da en muchas otras comunidades.
El Ministerio de Seguridad debe dejar de jugar a la guerra, permitir que las acciones diplomáticas y legales sigan ejecutándose sin estar haciendo alarde de una fuerza militar que no tenemos y no queremos tener, y volver la mirada hacia adentro, que es en donde realmente necesitamos los ciudadanos que muestren efectividad y acción.
(*) Publicado en La Prensa Libre
¡Que no me vengan con el discurso de la unidad nacional! en donde al parecer al gobierno se le ha de otorgar una especie de inmunidad ante la crítica y todos debamos aplaudir y asentir toda acción ciegamente sin cuestionar. Yo apoyo completamente las gestiones diplomáticas que se están realizando para resolver el conflicto por la vía civilizada amparados en los instrumentos del derecho internacional, pero protesto por la relevancia que la parte militar del asunto está tomando, tanto de parte de las autoridades como de la ciudadanía, que parece haber renegado demasiado fácil y demasiado rápido de nuestra herencia antimilitarista.
Deseo ilustrar este extravío de las prioridades en materia de seguridad, con un ejemplo concreto: la aplicación de la “nueva” ley de tránsito. Con el inicio del año 2011, fuimos testigos de intensos operativos para castigar a quienes infringieran la restricción vehicular. También para aquellos conductores que utilizaran el recién inaugurado carril de uso exclusivo para autobuses sobre la autopista General Cañas, con motivo de los trabajos en el puente sobre el río Virilla. Y mientras todo el peso de la ley cae sobre los infractores de las partes más inofensivas de esta, los piques siguen realizándose impunemente, arriesgando la vida de conductores, transeúntes y vecinos.
Esto sucede por la libre desde hace meses en la carretera entre Paraíso y Cartago, en el sector del estadio. En el 911 los vecinos hemos hecho cientos de denuncias con nula respuesta por parte de las autoridades (de tránsito y fuerza pública), al punto de que los operadores nos han recomendado que hagamos gestiones personales ante el director de tránsito. La disculpa que da la dirección regional, como es de esperar, es la falta de recursos: para dar cobertura a toda la ciudad de Cartago, con miles de habitantes y cientos de kilómetros de rutas, solo hay disponible una unidad, y temen, con toda razón, enfrentarse en esta situación de desventaja a grandes y violentos grupos de “picones” que muchas veces acompañan sus carreras armados y bajo los efectos del alcohol. Estoy seguro que la misma situación se da en muchas otras comunidades.
El Ministerio de Seguridad debe dejar de jugar a la guerra, permitir que las acciones diplomáticas y legales sigan ejecutándose sin estar haciendo alarde de una fuerza militar que no tenemos y no queremos tener, y volver la mirada hacia adentro, que es en donde realmente necesitamos los ciudadanos que muestren efectividad y acción.
(*) Publicado en La Prensa Libre
Entradas
