El pasado 4 de febrero, la Sala IV, ante una acción de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano, eliminó un requisito que debían cumplir quienes aspiraran a ser profesores de religión, conocido como la "missio canónica", que básicamente consistía en la autorización de parte de la cúpula de la iglesia católica, quien tenía el monopolio de decidir quien era idóneo para ese cargo. Esta situación daba lugar a varias irregularidades que eran toleradas por nuestro Estado, y vale la pena recordarlas y analizarlas, para no solo no volver a permitirlas en el futuro, si no que veamos en que otros aspectos podemos mejorar.
Primero, este privilegio permitía la intromisión en la vida privada de las personas, violando el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por nuestro país: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.". Una persona divorciada quedaba totalmente impedida de rehacer su vida, y se veía obligada a "guardar las apariencias" con todas las consecuencias sociales y sicológicas que eso implica. Peor aún, el reglamento de la conferencia episcopal, ponía su ley, el derecho canónico, por encima de la legislación civil que es la que vale en una democracia como la nuestra, que se jacta de ser una de las más maduras del continente y en ese aspecto me atrevo a decir somos de las más atrasadas.
Segundo, se violaba la libertad de conciencia, pues si un profesor de religión decidía abandonar la fe católica para convertirse en evangélico, era objeto de persecución y su conducta moral era puesta en entredicho. No importaba la preparación y la experiencia, era removido de su cargo u obligado a renunciar.
Tercero, y quizás de los más graves, por que raya en corrupción: parte de los requisitos que la jerarquía católica era graduarse o cursar materias en una universidad privada de su propiedad, la Universidad Católica. Esto obligó a estudiantes graduados de universidades estatales, como la UNA y la UNED, que ofrecen la carrera de la enseñanza de la religión, a volver a llevar clases en este otro centro. Esto llevó a las universidades estatales referidas, a suspender la matrícula en esa carrera.
El fallo es oportuno e histórico, un paso hacia adelante en el reconocimiento del cambio en la realidad nacional, en donde los privilegios estatales para una institución religiosa no se justifican, en donde cada día existe más variedad de pensamiento, tanto en la diversificación del cristianismo, como en la cada vez mayor aceptación de modelos de vida no religiosos, pero igualmente válidos. Un avance en cuanto al respeto de los Derechos Humanos, al reconocimiento de igualdad ante la ley, y sobre todo, hacia una necesaria separación entre iglesia y Estado.
Ojala que este sea apenas un primer paso hacia la transformación de la educación religiosa en Costa Rica, en donde se le permita a los jóvenes conocer otras ideologías, algunas incluso más antiguas que el cristianismo y aún vigentes en gran parte de la población mundial, tan valiosas como este, y que tanto han aportado a la humanidad. Que tengamos una formación verdaderamente integral, que promueva la tolerancia y el respeto por las diferencias culturales. La transformación será lenta, pero es necesaria. La amenaza que se cierne sobre el mundo de hoy no es el tan criticado "relativismo", si no la pretensión de tener la verdad absoluta y los intentos por imponer una única visión en un mundo con muchas culturas, muchas creencias y cada día más conectado e interdependiente.
Costa Rica puede hacer la diferencia en este campo, apostando por un modelo inclusivo y tolerante sin caer en los extremos de un secularismo que quiere sacar por la fuerza a la religión, ni cerrarse a que un credo tenga el monopolio absoluto, como lo tuvimos nosotros hasta hace tan poco.
Primero, este privilegio permitía la intromisión en la vida privada de las personas, violando el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por nuestro país: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.". Una persona divorciada quedaba totalmente impedida de rehacer su vida, y se veía obligada a "guardar las apariencias" con todas las consecuencias sociales y sicológicas que eso implica. Peor aún, el reglamento de la conferencia episcopal, ponía su ley, el derecho canónico, por encima de la legislación civil que es la que vale en una democracia como la nuestra, que se jacta de ser una de las más maduras del continente y en ese aspecto me atrevo a decir somos de las más atrasadas.
Segundo, se violaba la libertad de conciencia, pues si un profesor de religión decidía abandonar la fe católica para convertirse en evangélico, era objeto de persecución y su conducta moral era puesta en entredicho. No importaba la preparación y la experiencia, era removido de su cargo u obligado a renunciar.
Tercero, y quizás de los más graves, por que raya en corrupción: parte de los requisitos que la jerarquía católica era graduarse o cursar materias en una universidad privada de su propiedad, la Universidad Católica. Esto obligó a estudiantes graduados de universidades estatales, como la UNA y la UNED, que ofrecen la carrera de la enseñanza de la religión, a volver a llevar clases en este otro centro. Esto llevó a las universidades estatales referidas, a suspender la matrícula en esa carrera.
El fallo es oportuno e histórico, un paso hacia adelante en el reconocimiento del cambio en la realidad nacional, en donde los privilegios estatales para una institución religiosa no se justifican, en donde cada día existe más variedad de pensamiento, tanto en la diversificación del cristianismo, como en la cada vez mayor aceptación de modelos de vida no religiosos, pero igualmente válidos. Un avance en cuanto al respeto de los Derechos Humanos, al reconocimiento de igualdad ante la ley, y sobre todo, hacia una necesaria separación entre iglesia y Estado.
Ojala que este sea apenas un primer paso hacia la transformación de la educación religiosa en Costa Rica, en donde se le permita a los jóvenes conocer otras ideologías, algunas incluso más antiguas que el cristianismo y aún vigentes en gran parte de la población mundial, tan valiosas como este, y que tanto han aportado a la humanidad. Que tengamos una formación verdaderamente integral, que promueva la tolerancia y el respeto por las diferencias culturales. La transformación será lenta, pero es necesaria. La amenaza que se cierne sobre el mundo de hoy no es el tan criticado "relativismo", si no la pretensión de tener la verdad absoluta y los intentos por imponer una única visión en un mundo con muchas culturas, muchas creencias y cada día más conectado e interdependiente.
Costa Rica puede hacer la diferencia en este campo, apostando por un modelo inclusivo y tolerante sin caer en los extremos de un secularismo que quiere sacar por la fuerza a la religión, ni cerrarse a que un credo tenga el monopolio absoluto, como lo tuvimos nosotros hasta hace tan poco.
(*) publicado en La Prensa Libre el 13-02-2010
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