El artículo del presbítero Luís Alejandro Rojas del 15 de octubre demuestra perfectamente el porqué Costa Rica necesita una reforma en cuanto a la educación religiosa. Su actitud hacia las creencias de otras personas, en este caso los cristianos evangélicos, es un reflejo de lo que sucede cuando desde pequeños limitamos la formación espiritual a un solo credo, haciéndonos pensar que el que nos inculcaron es la única opción válida. Debe recordar el señor Rojas que en el mundo el catolicismo representa aproximadamente un 17% del total (según datos de la Enciclopedia Británica de 2005). La diversidad existente es suficiente para que cualquier credo se vea obligado a tener humildad y no pretender poseer la verdad absoluta.
El Sr. Rojas debería ver la viga en el ojo de su Iglesia Católica antes de ver la paja en el de los demás. Con esto me refiero a la relación que hace entre la teología protestante y la ideología de mercado y capital. Que no olvide que su institución es actualmente investigada en nuestro país por supuesta intermediación financiera ilegal y que, además, posee millones de dólares de capital acumulados, con un 20% del paquete accionario del grupo financiero Sama.
La situación nacional -y mundial- ha cambiado mucho desde 1940. Como él mismo señala, el establecimiento de la enseñanza de la religión como monopolio de la Iglesia Católica es anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si Costa Rica se dice cumplidora de estos derechos, no puede favorecer únicamente a un credo que, si bien representa una mayoría, no se debe menospreciar al casi 25% de la población que no es católica. La interpretación que el presbítero hace del artículo 26 de la Declaración es errónea pues, como anoté en mi primer artículo, los padres pueden ejercer plenamente su libertad de culto enviando voluntariamente a sus hijos a las clases de catecismo. La opción que les queda a los padres no católicos es la de solicitar que sus hijos no reciban la clase de religión, lo que trae discriminación y segregación hacia el joven por parte de docentes y otros alumnos, tal como lo vimos en el reciente caso de un colegio de Cartago.
El Estado debería promover una visión más amplia, y esto desde luego no quiere decir que se deba contratar a un docente por denominación religiosa, lo que sería claramente irrealizable. Los actuales docentes pueden capacitarse para poder impartir fundamentos básicos de Budismo, Judaísmo, Islamismo, Hinduismo, Humanismo Secular, etc., además del Cristianismo en todas sus facetas. Recientemente Costa Rica fue sede de un encuentro de la iniciativa de alianza de las civilizaciones, pero el acercamiento que se pretende nunca será realizable mientras los Estados como el nuestro no promuevan el conocimiento de otras ideologías, lo que sin dudas llevará a la tolerancia y respeto que tanto necesita el mundo actual.
El monopolio del que goza la Iglesia Católica trae consigo otras situaciones negativas que deben corregirse. Actualmente la Conferencia Episcopal solo otorga la Missio Canónica a docentes que tengan título de la Universidad Católica de Costa Rica Anselmo Llorente y Lafuente, discriminando injustamente a excelentes profesionales de otras universidades como la UNA y la UNED: esto es inadmisible en un Estado diverso, donde la educación pública es financiada por ciudadanos de muchos credos e ideologías.
El Sr. Rojas debería ver la viga en el ojo de su Iglesia Católica antes de ver la paja en el de los demás. Con esto me refiero a la relación que hace entre la teología protestante y la ideología de mercado y capital. Que no olvide que su institución es actualmente investigada en nuestro país por supuesta intermediación financiera ilegal y que, además, posee millones de dólares de capital acumulados, con un 20% del paquete accionario del grupo financiero Sama.
La situación nacional -y mundial- ha cambiado mucho desde 1940. Como él mismo señala, el establecimiento de la enseñanza de la religión como monopolio de la Iglesia Católica es anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si Costa Rica se dice cumplidora de estos derechos, no puede favorecer únicamente a un credo que, si bien representa una mayoría, no se debe menospreciar al casi 25% de la población que no es católica. La interpretación que el presbítero hace del artículo 26 de la Declaración es errónea pues, como anoté en mi primer artículo, los padres pueden ejercer plenamente su libertad de culto enviando voluntariamente a sus hijos a las clases de catecismo. La opción que les queda a los padres no católicos es la de solicitar que sus hijos no reciban la clase de religión, lo que trae discriminación y segregación hacia el joven por parte de docentes y otros alumnos, tal como lo vimos en el reciente caso de un colegio de Cartago.
El Estado debería promover una visión más amplia, y esto desde luego no quiere decir que se deba contratar a un docente por denominación religiosa, lo que sería claramente irrealizable. Los actuales docentes pueden capacitarse para poder impartir fundamentos básicos de Budismo, Judaísmo, Islamismo, Hinduismo, Humanismo Secular, etc., además del Cristianismo en todas sus facetas. Recientemente Costa Rica fue sede de un encuentro de la iniciativa de alianza de las civilizaciones, pero el acercamiento que se pretende nunca será realizable mientras los Estados como el nuestro no promuevan el conocimiento de otras ideologías, lo que sin dudas llevará a la tolerancia y respeto que tanto necesita el mundo actual.
El monopolio del que goza la Iglesia Católica trae consigo otras situaciones negativas que deben corregirse. Actualmente la Conferencia Episcopal solo otorga la Missio Canónica a docentes que tengan título de la Universidad Católica de Costa Rica Anselmo Llorente y Lafuente, discriminando injustamente a excelentes profesionales de otras universidades como la UNA y la UNED: esto es inadmisible en un Estado diverso, donde la educación pública es financiada por ciudadanos de muchos credos e ideologías.
** publicado en La Nación el 23 de octubre de 2008, como respuesta al artículo de un cura católico (http://www.nacion.com/ln_ee/2008/octubre/15/opinion1737948.html)
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